2.2.2.- Tribuna publicada en “El Periódico” el 10/1/98 sobre la situación de violencia hacia las mujeres y el incremento de la conciencia social que ha roto el silencio.
POR FIN SE HA ROTO EL SILENCIO
Por: Maria José Varela – Abogada
La violencia en el ámbito de la familia y especialmente de la pareja, se viene dando desde tiempo inmemorial.
La existencia hasta 1975 de la potestad marital, que autorizaba al marido a corregir a la esposa y obligaba a ésta a obedecerle, establecía un plano de prevalencia masculina que le servía de justificación.
Las posteriores reformas legislativas eliminando la desigualdad de los sexos no consiguieron de por sí erradicar los comportamientos violentos en el seno del matrimonio, aunque su comisión quedaba ahogada por el marco privado en el que se producían, por la vergüenza que atenaza a las víctimas sobre quienes recae, y por la conceptualización de que se trata de algo íntimo en lo que no se debe entrar ni conocer.
La toma de conciencia social sobre este grave problema llega veintitres años después de que la Organización de las Naciones Unidas alertara sobre ello y con una década de retraso respecto a las recomendaciones del Parlamento Europeo y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pese a que en todos los casos se indicaba que mujeres y niñas se ven sometidas a diversas formas específicas de violencia y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos implica la protección de la inviolabilidad de la persona, de su vida privada, la salvaguarda de sus libertades individuales y dignidad personal de las que ellas obviamente no están excluidas.
La presencia constante mantenida durante los últimos meses de las noticias en este sentido, no hace sino demostrar que se ha roto !por fin! el silencio, ya que los datos que nos aportan no son ni cualitativa ni cuantitativamente distintos a los hechos públicos en 1984, momento en el que por primera vez en España se realizó un censo sobre denuncias en las comisarias. Desde entonces se ha constatado que en los años en los que el tema ha emergido ya sea en prensa ya a través de campañas institucionales, las mujeres se han atrevido algo más a acudir a la justicia.
El Código Penal desde 1989 contempla como delito los malos tratos reiterados en la familia, aunque la lesión física sea leve, y el actualmete vigente ha supuesto un incremento de la pena, la cual probablemente debería ser mayor, que se aplicará además de la que corresponda en función de la gravedad de las lesiones causadas. También preveé la pena accesoria relativa a que en las sentencias condenatorias por lesiones físicas, psiquicas o sexuales se acuerde la prohibición al agresor de acudir al lugar en el que resida la víctima.
La ley civil contiene la posibilidad de separación conyugal por conducta injuriosa o vejatoria así como por violación de los deberes conyugales e instrumenta la posibilidad de solicitar medidas provisionales previas para obtener una resolución en la cual se acuerde la custodia respecto de los hijos menores, la atribución del uso de la vivienda y las pensiones alimenticias , que de realizarse en los plazos establecidos se obtendría a los quince días de instada.
Este sustrato legal puede, debe, perfeccionarse pero quizá lo inmediato y que notablemente mejoraría la situación sería su aplicación rigurosa y preferente en cuanto a rapidez por su trascendencia .
Existe desde luego una peculiar situación de las víctimas en estos casos ya que deben enfrentarse a un agresor con el cual conviven, de quien tienen hijos, al que quieren o han querido y en ocasiones del que dependen económicamente.Todos estos vínculos unidos al miedo que deriva del haber sido objeto de un ataque violento y en muchas ocasiones reiterado explican la reconocida escasez porcentual de denuncias.
Es por ello que ya en 1986 el Parlamento Europeo en su Resolución sobre las agresiones a las mujeres, recomendaba a los estados miembros un conjunto de medidas que iban desde reformas legislativas, hasta pautas de actuación de la justicia con formación especializada en este campo e información continua a la perjudicada, pasando por políticas de la administración encaminadas a dotar de recursos a través de bolsas de ayuda, creación de casas refugio y partidas presupuestarias específicas para campañas de concienciación y asesoramiento.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, después de un riguroso estudio sobre el tema, emitió en Mayo de 1989 un informe en el que entre otras cosas se reconocía que los malos tratos son interclasistas en todo el mundo, se ejercen sobre mujeres y niños. Los hombres que los realizan lo hacen desde la perspectiva de estimarlos como una forma de demostración de su autoridad en el seno de la familia y de su dominio sobre la mujer. Se basan por tanto en la desigualdad y las concepciones ideológicas caducas del patriarcado.
Un estudio realizado de las Sentencias penales que llegaron al Tribunal Supremo en los diez últimos años, relativas a muertes efectuadas por cónyuges o convivientes arroja el dato que en el 97 % de los casos ellos fueron los que mataron.
Siendo todas las vidas merecedoras de igual protección no se puede abordar del mismo modo lo que es un caso aislado de aquello que constituye una auténtica lacra social.
Además de los devastadores efectos de estas conductas sobre las víctimas más directas de ellos que son las mujeres, producen un efecto terrible sobre los hijos que las presencian y que en ocasiones tambien las sufren e interiorizan un modo de relación de pareja en el que se reproducen roles de desigualdad que ellos aprenden.
Si admitimos definitivamente que la violencia doméstica es un problema social, de enorme trascendencia por el daño que produce y por su extensión y lo abordamos decididamente desde el compromiso para su erradicación, podremos iniciar una nueva era en la que los derechos de la mujer y los del hombre sean verdaderamente iguales.