2.2.17.- Artículo publicado en El Periódico de Cataluña el 4 de mayo de 2004, sobre la alarmante sutación de la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar.
LA VIOLENCIA SEXISTA
El Periódico de Cataluña, 4 de mayo de 2004
La alarmante situación de agresión que sufren las mujeres en el ámbito familiar ha existido siempre de forma soterrada, invisible al estar protegida por la privacidad del hogar. Ahora empieza a conocerse y también a reconocerse.
Para clarificar el concepto de violencia sexista lo mejor es acudir a la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la definió así : “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.”
La violencia doméstica toma pues muchas formas, todas ellas preocupantes y configuran una realidad amplia pero desconocida. Algunos datos obtenidos estos años dibujan un paisaje desolador así, según el quinto barómetro de opinión realizado en Enero de 1998 a instancias del Defensor del Pueblo, el 18% de los españoles, mayores de edad, dice saber de algún caso en su entorno, de malos tratos físicos a la mujer por su pareja, lo que supone 5,5 millones de personas.
El Instituto de la Mujer reveló en abril del año 2000, que dos millones de españolas presentan las características propias de haber sufrido violencia de género, según el resultado de una encuesta que establecía el catálogo de conductas que la definen.
Todos los expertos coinciden en que el número de denuncias no se corresponde con la realidad ya que en la mayor parte de los casos no llegan a producirse y las cifras son la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia. Algunos estudios, como el de la primera conferencia ministerial de la UE sobre violencia física y sexual celebrada en Bruselas los días 14 y 15 de Marzo de 1991, consideran que solo denuncia el 1 %; la Federación de Asociaciones Mujeres Separadas y Divorciadas señala un 5%, y los estudios mas optimistas elevan a un máximo de un 10% . El incremento de las denuncias no nos puede llevar por tanto a la conclusión de la existencia de un mayor número de agresiones.
Recientes trabajos demuestran que muchas de las lesiones curadas a las mujeres en los servicios de urgencia de los hospitales tienen causa en los malos tratos, pero las deficiencias en los protocolos de detección y el síndrome que padece la mujer maltratada que la lleva a ocultarlo, contribuyen a su invisibilidad. Las agresiones psicológicas quedan aun mas difusas, aunque tienen idéntico castigo que las físicas.
Diecinueve mujeres han perdido su vida en el año 2004, lo que supone un incremento de las muertes en los últimos años. Aunque el origen y la dinámica de la agresión son iguales, el aumento de este resultado se debe precisamente a que ante la decisión de la mujer de ponerle fin, su agresor da un paso mas y la mata. Por esto la denuncia o la separación conyugal se erigen en situaciones de riesgo que deben estar rodeadas de medidas de seguridad suficientes. El forense Miguel Lorente, considera que entre el 20 y 40 % de las mujeres que se suicidan han sufrido violencia de sus parejas y ello añade entre 200 y 400 casos anuales en nuestro país.
Tenemos cifras suficientes sobre esta plaga social. Según el informe de los Servicios de Inspección del Consejo General del Poder Judicial de diciembre de 2003, en las causas penales por malos tratos, el 90,5 % de los denunciados eran hombres y el 81,7 % de los casos se habían producido en el ámbito de la pareja. Otro informe de febrero de 2004 revela que en el 2003 el incremento de hijos muertos a manos de su padre es el 100% respecto del 2002.
No obstante una enorme justificación envuelve la actuación del hombre que mató, no solo en letras de canciones o en conversaciones, también desde algunas plataformas civiles hay quien dice que se ha visto empujado por las pérdidas económicas de la separación. Otros sectores sociales, mas concienciados, cada vez que conocen de un nuevo asesinato cuestionan la legalidad, sin analizar si la aplicación que se le está dando es adecuada, ni si se han coordinado todas las medidas con la suficiente diligencia.
Desde 1989, que se introdujo en el Código Penal la figura especifica de los malos tratos, continuas reformas legales han ido precisando mejor los hechos a castigar y sobretodo las medidas judiciales a adoptar para proteger a las víctimas.
Es cierto que un marco legislativo, como el que ahora se propone bajo la denominación de ley integral, que contempla las medidas de prevención, de asistencia a las víctimas y de coordinación de los ámbitos civiles y penales puede mejorar los instrumentos, pero poco cambiará si quienes tiene que llevarla a efecto mantienen los mismos criterios.
Sorprenden datos del Observatorio adscrito al Consejo General del Poder Judicial que indican que solo en el 17,5 % de las diligencias judiciales incoadas como delito se acuerden medidas cautelares de protección para las víctimas. ¿Para que idear brazaletes o nuevos sistemas, con tan escaso uso de los existentes? Para avanzar, debería caer de una vez el muro de desconfianza y exigencia excesiva que se erige frente a quienes sufren las consecuencias de esta lacra social e incrementar las precauciones. Acordar órdenes de protección ante los indicios de violencia psicológica, es posible pero aun muy poco probable dada la escasa importancia que se concede a la misma. Decidir el ingreso en prisión ante el incumplimiento de un alejamiento no requiere mas que aplicar la ley al caso concreto.
Es absolutamente imprescindible la formación especializada de quienes intervienen en el circuito de la violencia: asistentes sociales, policías, abogados, psicólogos, médicos, fiscales y jueces. Solo un amplio conocimiento de las causas y de los mecanismos generados en víctima y agresor pueden dar como resultado una aplicación eficaz de las leyes.
Mª José Varela. Abogada.